¿Puede un diagnóstico borrar a un ciudadano? El debate oculto sobre el voto

Imaginen por un instante que el día de las elecciones, al presentarse ante su mesa de votación, la autoridad le detuviera con una frase lapidaria: “Lo siento, usted no puede votar. Un juez decidió que usted no piensa con la claridad suficiente”.

Aunque parezca el guion de una distopía, en Chile es una realidad silenciosa. A diferencia de quien requiere una rampa física para acceder a la urna, las personas con discapacidad mental enfrentan una barrera mucho más difícil de derribar: la exclusión legalizada por la propia Constitución.

La “Muerte Cívica” Automática

La académica Viviana Ponce de León Solís pone el dedo en la llaga en su investigación. En nuestra sociedad, persiste la creencia de que el voto es un acto puramente “racional”. Bajo esta lógica, si alguien padece una discapacidad cognitiva severa o demencia, el sistema asume que no está capacitado para elegir.

Esto se traduce en la figura de la Interdicción por Demencia. Cuando una familia, buscando proteger el patrimonio de un ser querido, solicita su interdicción, la ley chilena activa un efecto secundario automático y devastador: la suspensión del derecho a sufragio.

• Se asume que la capacidad de administrar bienes equivale a la capacidad política.
• Se exige un estándar de racionalidad que no se pide al resto de los votantes.
• Se confunde la protección patrimonial con la anulación de la ciudadanía.

¿Racionalidad o Dignidad?

Ponce de León nos invita a un cambio de paradigma radical. ¿Es justo exigir un “test de inteligencia” tácito a las personas con discapacidad cuando a ningún otro ciudadano se le evalúa su conocimiento cívico antes de votar?

El voto, argumenta la autora, es más que una decisión técnica sobre economía o leyes. Es una afirmación de dignidad. Al prohibirles votar, no solo les quitamos una papeleta; les enviamos el mensaje de que ya no cuentan, de que están al margen del “nosotros”.

Hacia un Modelo de Apoyo

La conclusión es clara y desafiante: el camino no es negar la discapacidad, sino transitar desde la exclusión hacia el apoyo. En lugar de cerrar la puerta de la cámara secreta, el Estado debe garantizar los mecanismos para que la voluntad de esa persona, con la asistencia necesaria, pueda expresarse.